La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre la captura de una red criminal encabezada por Luis Miranda Contreras, un exfuncionario público de Michoacán que fungió como tesorero general y secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Michoacán de 2012 a 2013. La red fue vinculada con presuntos delitos de extorsión y suplantación de identidad de diversos servidores públicos.
El operativo se llevó a cabo en el marco de la “Estrategia Nacional contra la Extorsión”, en el que se detuvo a un total de cinco personas identificadas como Luis “N”, el exfuncionario público; Liliana “N”, su esposa; Luis Samuel “N”, su hijo; Aimee Guadalupe “N”, su hija; y Agustín Arturo “N”, escolta del grupo delictivo. Las cinco personas fueron vinculadas a un entramado de fraude político y empresarial.
De acuerdo con la SSPC, la red encabezada por Miranda Contreras está presuntamente relacionada con diversas investigaciones por la suplantación de identidad de funcionarios de la Presidencia de la República, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Gobierno del Estado de México, de alcaldes, así como de otras dependencias, con el fin de obtener beneficios económicos o laborales.
En el #EstadoDeMéxico, personal de #SSPC en coordinación con la @FiscaliaEdomex, detienen a 5 integrantes de una célula delictiva por los delitos de suplantación de identidad y extorsión. https://t.co/VGnhOvWwwf https://t.co/xA7UACPlp9
— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 8, 2026
¿Cómo era el modus operandi de la red de extorsión?
La autoridad federal de seguridad identificó que la red operaba bajo un modus operandi que se basaba en generar confianza y credibilidad con sus víctimas, que, por lo general, eran políticos, funcionarios públicos o empresarios. El grupo encabezado por el exsecretario de Michoacán las contactaba mediante mensajes de texto o llamadas a sus números personales.
Así, el grupo delictivo conseguía datos confidenciales de las víctimas, de las dependencias a su cargo o incluso de otros funcionarios públicos. Además, se centraban en obtener información sobre operaciones políticas o económicas que utilizaban después para suplantar y extorsionar con el uso de inteligencia artificial para clonar voces.
El grupo lograba generar confianza en sus víctimas, pues se hacían pasar por secretarios particulares de diversos funcionarios o actores político-económicos del país de alto nivel en el gobierno. “Mi jefe quiere hacerle una llamada desde su celular; por favor, si me proporciona su número…”, eran el tipo de mensajes que la red enviaba.
Posteriormente, las víctimas recibían una llamada de un supuesto funcionario de alto nivel para pedirles apoyos monetarios para ejecutar acciones políticas, realizar incorporaciones laborales e incluso recomendar contrataciones de servicios.
Los números que utilizaban contaban con imágenes de perfil, iconos o registros de llamadas, logotipos y nombres oficiales de gobiernos o diversos movimientos políticos. La red utilizó, al menos, 19 teléfonos tipo iPhone, Samsung Galaxy y Motorola, que tenían registro de haber sido usados con tarjetas SIM.
Además, la red exigía el dinero en efectivo debido a que Luis Miranda se encuentra boletinado ante el sistema bancario mexicano por investigaciones previas.
Luis Miranda y las investigaciones que enfrenta desde el pasado
El exfuncionario cuenta con antecedentes penales por peculado y fue detenido en 2017 por presuntamente haber realizado pagos a dos proveedores por 26 millones 680 mil pesos, además de que fue inhabilitado en el estado de Michoacán.
“Circunstancia que no le impidió presuntamente materializar ilícitos en un elaborado entramado de fraude y extorsión, en complicidad con su esposa e hijos, entre otros, para lo cual estableció su centro de operación en una residencia ubicada al interior del exclusivo fraccionamiento “La Providencia”, en el municipio de Metepec, Edomex”, aseguró la SSPC en un comunicado.
Tras la captura de la familia y su escolta, los cinco fueron ingresados al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, donde fueron vinculados a proceso por el delito de extorsión y se les impuso la medida de prisión preventiva justificada.