Tras haber sido detenido el pasado 6 de agosto, Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, fue vinculado a proceso por su probable participación en el ocultamiento de evidencias relacionadas con la localización de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que fueron vistos por última vez el 26 de septiembre de 2014, así como en el delito de desaparición forzada de los mismos.
La medida fue impuesta por un juez de control del Centro de Justicia Penal del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que la autoridad judicial determinó que hay elementos suficientes para continuar con el proceso penal del exgobernador, pues se presume que, en su calidad de servidor público, ocultó información y evidencias del caso.
En un comunicado de la FGR se precisó que el juez de control confirmó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, así que Aguirre Rivero permanecerá privado de la libertad en el penal del Altiplano mientras se lleva a cabo su proceso por los hechos ocurridos en septiembre del 2014.
En la audiencia del exmandatario estatal también se dio a conocer en la resolución que el juez otorgó un plazo de 120 días para que se lleve a cabo la investigación complementaria. En ese periodo, la FGR deberá continuar con la recabación de elementos, así como la defensa de Aguirre Rivero tendrá la oportunidad de reunir pruebas para intentar demostrar la inocencia del imputado.
De acuerdo con la información, los abogados del exgobernador presentaron más de 30 pruebas con el fin de desvirtuar las acusaciones que fueron formuladas por la fiscalía, sin embargo, esos elementos no fueron suficientes para desacreditar los cargos que enfrenta Aguirre Rivero.
La acusación que enfrenta el exservidor público señala que él habría ordenado el ocultamiento o destrucción de evidencias sobre la última vez que fueron vistos los estudiantes de Ayotzinapa, cuando su autobús fue detenido por un operativo frente al Palacio de Justicia de Iguala, la noche del 26 de septiembre.
Una pieza clave en la investigación es la existencia de un disco que contenía las imágenes captadas por las cámaras de seguridad instaladas a los alrededores del Palacio. La FGR consideró que ese material pudo haber sido fundamental para poder establecer cuál fue la ruta que siguieron los estudiantes, así como determinar quiénes participaron en el traslado de los normalistas.
De acuerdo con la fiscalía, Rivero Aguirre habría recibido el disco el 29 de septiembre del 2014 y después, lo habría entregado a Iñaki Blanco, exprocurador estatal, a quien instruyó deshacerse de dicho material audiovisual. No obstante, la defensa del exmandatario sostuvo una versión en que este no pudo recibir el disco pues se encontraba en la Ciudad de México en una reunión con el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.