En abril del año pasado, un caso generó conmoción en la sociedad luego de que un médico anestesiólogo de Saltillo, Coahuila, fuera acusado por la muerte de una niña de 4 años que presuntamente era alérgica a la anestesia. El especialista, identificado como José Ángel Zamora Ríos, ha sostenido que las decisiones tomadas por la odontóloga responsable del procedimiento fueron determinantes en un desenlace que se ha vuelto fatal.
De acuerdo con su versión, la menor fue intervenida en un consultorio dental ubicado en la colonia República, en Saltillo, y posteriormente trasladada de emergencia al hospital Christus Muguerza, donde finalmente perdió la vida pese a los esfuerzos médicos.
El caso no solo derivó en un proceso judicial en su contra, sino también en una controversia relacionada con la protección médico legal que el propio anestesiólogo había contratado de manera preventiva. Zamora Ríos aseguró que contaba con dos aseguradoras para respaldar su defensa; sin embargo, ambas habrían evadido su responsabilidad al deslindarse entre sí, emitir respuestas ambiguas y ampararse en cláusulas contractuales, dejándolo sin apoyo en un momento crítico.
El médico señaló que durante el juicio una de las aseguradoras se retiró del caso, mientras que el representante de la otra abandonó el proceso incluso antes de que iniciara, sin ofrecer explicación alguna. Esta situación, afirmó, lo dejó en estado de indefensión y puso en riesgo la continuidad de su ejercicio profesional.
En medio de este escenario, indicó que fue auxiliado por Antonio Juárez Navarro, director de Blindaje Médico Jurídico, cuya intervención le permitió recuperar su cédula profesional y continuar con su defensa.
Sin embargo, recientemente, el caso dio un giro tras la filtración de audios y mensajes que, según el propio Zamora Ríos, evidencian que además del abandono por parte de las aseguradoras, habría sido víctima de amenazas y posibles actos de extorsión. De acuerdo con estas denuncias, el perito oficial asignado al caso habría participado en estas presiones en presunta complicidad con abogados vinculados a una de las aseguradoras.
En los audios difundidos se escuchan advertencias y amenazas directas relacionadas con la posibilidad de agravar su situación legal, incluyendo la pérdida definitiva de su cédula profesional y la reclasificación del delito a homicidio doloso. También se le habría presionado para conseguir dinero mediante familiares o bienes, bajo la promesa de intervenir para resolver su situación jurídica.
Asimismo, el médico exhibió mensajes en los que uno de los representantes legales sugiere la posible difusión de información que lo acusaría de haber administrado anestesia mientras su cédula profesional estaba suspendida, lo que, de acuerdo con Zamora Ríos, formaría parte de una estrategia de presión en su contra.
Estos elementos han sido señalados como indicios de una posible colusión y de un patrón sistemático de intimidación. El anestesiólogo indicó que dicha evidencia podría ser presentada ante las autoridades competentes para su investigación, con el objetivo de esclarecer tanto su caso como las presuntas irregularidades en el actuar de quienes participaron en su proceso legal.
