Un juez federal concedió una suspensión provisional a favor del periodista Ignacio Gómez Villaseñor, colaborador del medio La Saga, dentro de un juicio de amparo promovido contra la sección Infodemia que se difunde en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El recurso legal fue interpuesto después de que Gómez Villaseñor fuera exhibido públicamente en 2025 como presunto difusor de información falsa, a raíz de sus publicaciones sobre el ciberataque a la plataforma del nuevo Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y sobre afectaciones derivadas de ataques sistemáticos a la Secretaría de Educación Pública. Ambos hechos, según documentación oficial posterior, fueron reconocidos como verídicos, lo que llevó al periodista a sostener que fue estigmatizado desde un espacio institucional sin sustento técnico transparente.
La demanda de amparo señala como autoridad responsable, entre otras instancias, al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, encargado de la operación y transmisión de la sección Infodemia. De acuerdo con la resolución judicial, se ordenó a las autoridades abstenerse de emitir comunicaciones públicas que inhiban, estigmaticen o criminalicen la labor periodística del quejoso, así como evitar la difusión de información falsa o tergiversada sobre su actividad profesional mientras se resuelve el fondo del asunto.
En el documento judicial se advierte que el uso de sellos o señalamientos categóricos de falsedad, sin un procedimiento técnico claro y verificable que respalde tales afirmaciones, puede rebasar los márgenes del debate público y derivar en un efecto de descalificación institucional. El juez consideró que esta práctica podría generar un impacto inhibitorio en el ejercicio del periodismo y en la discusión pública de información de interés general.
La sección Infodemia ha sido presentada por el gobierno federal como un espacio para desmentir noticias falsas y combatir la desinformación. Sin embargo, críticos sostienen que su operación carece de reglas claras, metodología pública y criterios técnicos verificables para determinar cuándo una información es falsa o engañosa. El caso del periodista Gómez Villaseñor reabre el debate sobre el riesgo de utilizar plataformas oficiales para desacreditar voces críticas.
No es la primera vez que esta sección genera controversia. En 2023, la periodista Adela Micha fue señalada en ese mismo espacio tras expresar opiniones críticas, lo que también provocó cuestionamientos sobre el uso de la conferencia presidencial como tribuna para exhibir a comunicadores.
La resolución judicial no determina aún si existió difamación o violación a derechos fundamentales, pero sí establece una medida cautelar para evitar posibles daños mientras se analiza el caso de fondo. El juicio de amparo continuará su curso y podría sentar un precedente relevante sobre la relación entre el poder público y la prensa, particularmente en lo que respecta al uso de recursos institucionales para calificar contenidos periodísticos.
