Una rueda de prensa en el Congreso de Chihuahua terminó en una confrontación entre colectivos que mantienen posturas opuestas sobre identidad de género, violencia vicaria y derechos de madres y padres no gestantes.
El encuentro se realizó el 27 de julio y fue convocado por integrantes de agrupaciones que se identifican como madres no gestantes y que también participan en el movimiento Soy Papá No Criminal. Entre quienes estuvieron relacionados con el posicionamiento se encontraban Raúl Eduardo, Obed Aarón y el abogado Cristian Montenegro, quienes han defendido públicamente los cambios legales de identidad de género y cuestionado algunas disposiciones relacionadas con violencia vicaria.
Los participantes buscaban rechazar la idea de que el cambio legal de identidad de género sea utilizado para evadir obligaciones alimentarias o procesos judiciales. Raúl Eduardo y Obed Aarón, quienes legalmente se identifican como mujeres y mantienen una expresión de género masculina, han señalado que son mujeres trans y lesbianas y que su identidad no elimina sus responsabilidades familiares.
La conferencia fue interrumpida por integrantes de Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahua, encabezadas por Mayte Regina Gardea, quienes rechazaron los argumentos del grupo y acusaron que algunas personas estarían utilizando el reconocimiento legal de identidad de género de manera indebida.
La principal acusación del colectivo trans es lo que califican como despojo o usurpación de identidad de género. Su argumento es que personas que conservan una expresión de género masculina estarían realizando cambios legales para identificarse como mujeres y posteriormente utilizando esa condición en conflictos familiares o procesos judiciales.
Gardea también ha señalado públicamente a Raúl Eduardo y Obed Aarón, entre otras personas, y ha cuestionado que sus cambios de identidad puedan estar relacionados con procesos legales y obligaciones alimentarias. También ha involucrado en sus señalamientos al diputado panista Carlos Olson, a quien acusa de haber respaldado algunos de estos trámites.
Sin embargo, estas acusaciones no han sido acreditadas mediante una resolución judicial. Las personas señaladas rechazan que hayan cambiado legalmente su identidad para evadir pensiones u otras responsabilidades y también han negado que Carlos Olson haya financiado sus trámites.
La discusión subió de tono durante la rueda de prensa. Mayte Regina Gardea denunció que durante el encuentro se refirieron a ella utilizando pronombres masculinos, lo que consideró una forma de discriminación. En medio de la protesta, tres activistas trans mostraron parcialmente el torso como una forma de protesta contra lo que denunciaban como ataques y discriminación hacia las personas trans.
La diputada de Morena Leticia Ortega Máynez también intervino y confrontó a los participantes. La legisladora acusó a quienes organizaron la conferencia de promover discursos antiderechos y cuestionó que utilizaran las instalaciones del Congreso para atacar a colectivos LGBT. Ortega también señaló directamente al diputado Carlos Olson y sostuvo que estaba relacionado con la presencia de estos grupos en el recinto.
El conflicto tiene como fondo una disputa sobre quién puede acceder al reconocimiento legal de una identidad de género y cuál debe ser el alcance de ese reconocimiento en asuntos familiares. Mientras Unión y Fuerza de Mujeres Trans sostiene que existe un posible uso indebido de las herramientas creadas para proteger a las personas trans, las personas señaladas defienden que su identidad legal es válida y que no puede considerarse fraude únicamente por su expresión de género o por participar en movimientos de madres no gestantes.
